COMUNICADO DE PRENSA
AVDA
Asociación Vecinos Defensa del Ambiente
General Daniel Cerri,
22 de Febrero de 2012
EN UN ESTADO DE DERECHO NADA PUEDE
HACERSE VIOLANDO LA LEY
La obra cuyo contrato fue
firmado para dragar la Ría
según se anunció el pasado martes 21 de febrero, se encuentra impugnada por
esta Asociación por considerar NULA la Declaración de Impacto Ambiental que le otorgara
el OPDS.
Tal impugnación en sede
judicial no puede desconocerla el Presidente del Consorcio de Gestión del
Puerto, Cr. Borelli, porque se ha notificado de nuestra demanda, y también sabe
de la ampliación de la misma. Los plazos procesales se encuentran en curso, esta
Asociación ha pedido el dictado de una medida cautelar que impida el inicio de
las obras, ello le fue negado, y esa negativa se encuentra apelada. La justicia
resolverá.
Tampoco puede decirse ahora
que la obra no tiene relación con el llamado “Proyecto YPF” cuando en la Audiencia Publica
del 16 de Noviembre pasado, el entonces intendente y actual Ministro
Breitersten, el entonces Presidente del Puerto y actual Director Provincial
Otharan dijeron de forma clara y contundente que esta obra era esencial para el
Proyecto que en esa Audiencia NULA llamaron a discutir, con el agravante que
eso mismo esta expresamente escrito en el documento “EIA Dragado” que
difundieron públicamente.
Contratar una obra que puede
afectar el ambiente sin saber dónde y cómo se dispondrán sus residuos (porque
el refulado es eso: RESIDUOS), en la Provincia de Buenos Aires y en la República Argentina
es ILEGAL y ANTIJURIDICO, porque ello significa que NO HAY ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. No puede hacerse una obra como esta sin contar con la Declaración de Impacto
Ambiental.
Las declaraciones del Cr.
Borelli son graves en varios sentidos:
1) Porque denotan que, o bien NO HAY ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL, y la
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL que se emitió por Disp.
4121/2009 del OPDS carece de fundamento, o bien si lo hubiera, el Directorio
del CGPBB encabezado por el Cr. Borelli está dispuesto a proceder por vía de
hecho ignorando lo que el documento dice, ya que manifiesta que se “está
estudiando” dónde se van a disponer los refulados. Eso es ABIERTAMENTE ILEGAL y
el Cr. Borelli NO PUEDE IGNORARLO, aunque no sea abogado. Esto es grave, porque
estamos ante el Presidente de una Entidad Publica que hace militancia de la
violación de la Ley.
2) Porque denota de parte del Directorio del CGPBB
encabezado por el Cr. Borelli un absoluto desprecio por uno de los poderes de la República: LA JUSTICIA. Si la obra
se hará o no, a esta altura, depende de lo que diga LA JUSTICIA. El Cr.
Borelli, a través de la información que ha sido difundida en un marco enfilado
a presentarla como veraz y seria, pretende pasar por encima de la investidura
de los magistrados, del juez de grado y de la Cámara de Apelaciones, que son los que tienen que
decidir. Esto es grave, porque estamos ante el Presidente de una Entidad
Publica que hace militancia del desprecio por las Instituciones de la Constitución.
3) Porque además, las condiciones oscuras, tortuosas y
manifiestamente confusas con las que se maneja el DINERO PUBLICO constituyen un
abierto desafío no solo a la Ley
vigente sino también a NORMAS ETICAS ELEMENTALES que a ningún funcionario en el
ejercicio de la gestión pública, se le debe permitir. En ningún caso puede
invocarse el reglamento de una Entidad Publica autárquica no estatal en contra
de la Ley. la
Justicia de la Provincia
de Buenos Aires, ya tuvo oportunidad de fallar y pronunciarse en un caso en el
que una entidad portuaria realizó una contratación de dragado en forma directa,
y fue clara: no lo pueden hacer con dinero público.
Por otra parte, la confesión del Director del CGPBB
de la existencia de una situación de urgencia para la realización de la obra,
no hace sino resaltar la irresponsabilidad de quienes debieran obrar en
resguardo de bienes que son de interés prioritario para la República en su
conjunto. Acá no estamos hablando de instalaciones deportivas localizadas a la
vera de algún hermoso lago que si no se conservan afectan los intereses de
alguna pequeña comarca dedicada al turismo. Acá estamos hablando del principal
puerto de aguas profundas de la
República, cuyo funcionamiento es estratégico y vital no solo
para la ciudad de Bahía Blanca, no solo para la Provincia de Buenos
Aires en su conjunto, sino para la
República toda, ya que por este puerto se canaliza el
comercio exterior de bienes provenientes y con destino a toda la Nación, de cuyo tránsito
depende muchas veces el normal ritmo de la producción en fábricas y
establecimientos de todo tipo que aseguran el trabajo de los Argentinos. En
semejante escenario, venir a plantear que una obra debe hacerse aun sin
respetar la Ley y
sin esperar la decisión judicial, es concretamente intentar presionar a la
sociedad para que se desprenda de su derecho y cese de exigir el cumplimiento
de la Ley. Estas
alegaciones son totalmente inadmisibles. Si como ha dicho el Cr. Borelli la
obra es VITAL y ABSOLUTAMENTE NECESARIA y tales circunstancias tornan
imperativo el inicio de las mismas aún sin esperar la decisión judicial, sin
saber donde se va a poner el refulado, sin haber informado en su momento a la
población, y sin respetar el ordenamiento legal en cuanto a la disposición del
dinero público, el Directorio del Puerto, que sería responsable de haber
llegado a esta situación, debería renunciar.
Esta Asociación Vecinal defenderá el Ambiente que es su
objeto en el marco de la Ley
y el Estado de Derecho, sin ceder a provocaciones, sin dejarnos impresionar por
audacias e irresponsabilidades y sin caer en posiciones irracionales y carentes
de fundamento científico o legal.
Defenderemos el ambiente en forma armónica con la
defensa del trabajo, el patrimonio y el progreso cultural, social y material
armados de instrumentos simples pero tan fuertes que difícilmente puedan ser
vencidos: LAS IDEAS, LAS INSTITUCIONES y la LEY.
Raúl
Anibal Martin – Presidente
Julio
Alessandroni – Vice Presidente
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